La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, llevada a cabo en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio, concluyó con sentimientos encontrados. Lo que se esperaba que fuera un momento decisivo para reformular las normativas del sistema financiero global y avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible culminó en un documento final que ha recibido críticas significativas por parte de organizaciones de la sociedad civil, las cuales señalan su falta de ambición, claridad y determinación política genuina.
El documento llamado «Compromiso de Sevilla» recibió el visto bueno de la mayoría de las naciones participantes; sin embargo, no contó con el apoyo de algunas potencias importantes, como Estados Unidos, cuya falta de respaldo influyó en el tono de las discusiones. Según las ONG, el texto no proporciona las soluciones fundamentales necesarias para enfrentar la crisis de deuda que afecta a numerosos países en desarrollo, ni representa un avance sólido en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), cuyo retroceso podría intensificar la desigualdad mundial.
Antes del evento oficial, más de 1.500 representantes de entidades sociales se reunieron en el Foro de la Sociedad Civil, donde se formularon propuestas para una reforma completa del sistema económico mundial. Allí se enfatizó la importancia de crear un mecanismo multilateral, autónomo y legalmente obligatorio para la reestructuración de la deuda soberana, asegurando una participación justa tanto de países acreedores como deudores, evitando que los sacrificios recaigan siempre en los más desfavorecidos. No obstante, el documento aprobado solo menciona de manera imprecisa el inicio de un proceso de discusión en la ONU sobre este asunto, sin concreciones ni plazos definidos.
De acuerdo con representantes de diversas redes globales, se perdió la ocasión histórica de tomar medidas firmes en este asunto. Actualmente, más de 60 naciones dirigen más del 10 % de su gasto público al pago de deudas, superando la inversión en educación y salud, mientras que los procesos actuales de reestructuración permanecen opacos, lentos y controlados por entidades poco representativas.
Simultáneamente, la situación de la asistencia al desarrollo continúa siendo preocupante. La AOD disminuyó un 9 % en 2024 y se anticipa otra caída este año, empeorada por las reducciones presupuestarias anunciadas por varios países donantes, como Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Esta tendencia perjudica directamente a iniciativas cruciales como la vacunación de menores, la protección de personas refugiadas, y el acceso a la educación y salud para mujeres y comunidades en riesgo. El Acuerdo de Sevilla no presenta medidas específicas para revertir esta situación, ni un calendario para lograr el objetivo del 0,7 % del PIB prometido por los países desarrollados desde hace décadas.
A pesar de que varios especialistas subrayan el progreso en la iniciativa de aumentar tres veces la capacidad de crédito de los bancos multilaterales de desarrollo y el respaldo a proyectos fiscales globales, las entidades sociales afirman que estas acciones no son suficientes sin una reforma integral de las normas que regulan la economía mundial. Además, critican que numerosas naciones adineradas tienen un discurso contradictorio: prometen colaborar mientras reducen sus presupuestos y elevan su gasto en armamento.
La falta de presencia de Estados Unidos fue vista por ciertos participantes como una ocasión para que otros poderes, como la Unión Europea o China, asuman el liderazgo en la modificación del sistema. No obstante, esa ausencia también significó la pérdida de uno de los mayores financiadores y figuras cruciales, lo que disminuyó el impacto político de la reunión.
Las organizaciones no gubernamentales están de acuerdo en que el evento en Sevilla incluyó aspectos favorables, como la aceptación de la importancia de conectar el financiamiento al desarrollo con la batalla contra el cambio climático. Sin embargo, critican la carencia de medios específicos para asegurar su ejecución. También exigen que la intervención de la sociedad civil tenga un papel más decisivo en reuniones futuras, y no sea simplemente simbólica.
Con la Agenda 2030 enfrentando desafíos y la deuda mundial en alza, la comunidad internacional veía en Sevilla una ocasión para ajustar las reglas del juego. No obstante, el desenlace generó más interrogantes que esclarecimientos. Para los activistas, el verdadero compromiso se evidencia no en discursos diplomáticos, sino en acciones políticas que redistribuyan los recursos, reconozcan las responsabilidades pasadas y aseguren a todas las naciones el derecho al desarrollo. Hasta que eso suceda, los compromisos continuarán siendo, según los propios participantes, meras buenas intenciones sin efecto tangible.
