La responsabilidad de administrar las propiedades incautadas al ex presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, recae en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Entre estas propiedades se encuentra su residencia en Tegucigalpa, que sigue siendo habitada por su esposa e hijas bajo la supervisión de la OABI.
En cuanto a la residencia mencionada, se ha reportado que Ana García, la esposa del exmandatario, reside en la vivienda luego de llegar a un acuerdo con una entidad bancaria. No obstante, dicho acuerdo fue establecido en colaboración con la OABI.
Es relevante recordar que tras la captura del expresidente, la Procuraduría General de la República (PGR) instó al Ministerio Público a proceder de manera inmediata al aseguramiento de los bienes, tanto muebles como inmuebles, pertenecientes a Hernández Alvarado. Sin embargo, dicha solicitud quedó sin efecto debido a un recurso de apelación presentado en contra de la extradición aprobada por un juez de primera instancia el 16 de marzo de 2022.
Seguidamente, el lunes, 28 de marzo de ese mismo año, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió mantener la extradición y la incautación de los bienes se concretó a inicios de abril.
Durante ese período, Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, dio a conocer que una de las propiedades confiscadas era la residencia de Hernández, la cual se encuentra en la colonia San Ignacio de Tegucigalpa.
Mora detalló que las autoridades decomisaron en total 33 inmuebles, distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros.
En tal sentido, es potestad del Estado de Honduras, a través de la OABI, determinar el arrendamiento o no del bien que se ubica en la colonia San Ignacio de Tegucigalpa, donde vive la ex primera dama, Ana García, junto a sus hijas, así como de las demás propiedades que se encuentran bajo su tutela.