La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, recibió este lunes un fallo positivo de la jueza Constitucional Nubia Vera, quien anuló la decisión administrativa que suspendió a Abad por 150 días, alegando “abandono injustificado del trabajo”. Además, el juez ordenó que la secretaria del Trabajo, Ivonne Núñez, se disculpe públicamente en un mensaje a la nación dentro de las próximas 72 horas.
El fallo surge en respuesta a una demanda de protección presentada por la vicepresidencia que impugnó la sanción impuesta por el Departamento del Trabajo. Esa sanción, impuesta a principios de noviembre, alegaba que Abad incumplió su comparecencia ordenada en la embajada de Ecuador en Turquía del 1 al 9 de septiembre. En ese momento, Abad se desempeñaba como embajador en Israel y fue trasladado a Ankara debido a las tensiones de seguridad creadas por el conflicto en Gaza entre Israel y Hamás.
Durante la audiencia, el juez Vera enfatizó que la decisión de suspender a Abad no tenía fundamento sólido y debía ser revocada de inmediato. También denunció que fue sometida a presiones y amenazas de destitución por parte de representantes del Consejo de la Judicatura, quienes, según el juez, intentaron influir en su decisión a través de instrucciones documentadas. “Tengo una memoria flash en la que me decían cómo fallar”, advirtió Vera sobre irregularidades en el proceso.
Por su parte, la ministra de Trabajo calificó de “lamentable” la decisión judicial y acusó al juez de actuar en contra de la Constitución y los precedentes del Tribunal Constitucional. En declaraciones a CNN, la ministra afirmó que Vera «está utilizando esta medida de protección para posicionarse como una persona perseguida más» y que su juicio carece de objetividad.
El Consejo de la Judicatura, también designado por el juez Vera, emitió un comunicado negando las acusaciones y asegurando que “no se presta a intereses políticos ni a la manipulación del poder judicial”. Hasta la fecha, el gobierno de Ecuador no ha emitido un comunicado oficial sobre las acusaciones de presiones contra el juez.
La suspensión de Abad había generado controversia dentro y fuera del gobierno, particularmente porque marcó su exclusión de sus funciones en un momento crucial de la política ecuatoriana. Según la constitución del país, Abad debe asumir funciones presidenciales mientras Daniel Noboa, el actual presidente, inicia su campaña de reelección, cuyo inicio está previsto para el 9 de enero.
En entrevista con Radio Democracia, Noboa expresó que considera un “error” haber elegido a Abad como su candidato para las elecciones de 2023. Además, indicó que su gobierno estaba explorando alternativas para afrontar la ausencia de Abad y asegurar la continuidad del Ejecutivo.
El 11 de noviembre, Noboa nombró a Sariha Moya vicepresidenta interina, decisión que generó críticas y dudas sobre la legalidad de la medida. Sin embargo, tras el fallo judicial del lunes, el gobierno revocó esa decisión y emitió un nuevo decreto ejecutivo que redefinió las responsabilidades de Abad. Según el decreto, su única función será gestionar las relaciones diplomáticas con Türkiye, país donde vivió antes de regresar a Ecuador en noviembre.
Ante los últimos acontecimientos, Abad afirmó que está examinando el contenido del nuevo decreto que ordena su regreso a Türkiye y aseguró que seguirá defendiendo su posición y la democracia. A su llegada a Quito el 20 de noviembre, Abad había declarado que no renunciaría a su cargo y resistiría los intentos de destituirla ilegalmente de la vicepresidencia.
El caso de Verónica Abad ha puesto de relieve las tensiones entre la vicepresidenta y el presidente Daniel Noboa, quienes mantienen una relación de confrontación desde el inicio de su mandato hace más de un año. Este episodio también pone de relieve las tensiones dentro del sistema político ecuatoriano en un contexto de creciente polarización y disputas legales que están afectando la estabilidad de las instituciones.
Con el fallo judicial, Abad recupera oficialmente sus funciones como vicepresidenta, aunque su futuro político sigue siendo incierto, sobre todo después de las declaraciones del presidente Noboa y el nuevo decreto que limita su rol. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si el vicepresidente retoma un papel activo en el gobierno o si las tensiones dentro del poder ejecutivo continúan aumentando.
