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La presidenta hondureña, Xiomara Castro, ha anunciado un ambicioso “megaplan” a nivel nacional que incluye al menos 14 medidas diseñadas para abordar el aumento de la delincuencia en el país. Este plan, desarrollado junto al Consejo de Defensa y Seguridad que preside Castro, busca implementar “acciones radicales del plan de solución del crimen”.
Durante su intervención, el mandatario dirigió un mensaje a todos los trabajadores de la justicia para que “planifiquen y realicen de inmediato intervenciones en los municipios con delictiva mayor”. Los delitos que se abordarán incluyen asesinato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y actividad delictiva, actividades que, según Castro, son perpetradas por “sindicatos, bandas y bandas del crimen organizado”.
El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, anunció que ordenó la captura inmediata de los líderes e integrantes de estas estructuras criminales. Esta guía pretende desarticular las organizaciones que han parecido ser una misma cosa en muchas comunidades hondureñas.
Uno de los proyectos más lejanos del plan es la construcción inmediata de un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) en una zona abandonada entre los departamentos de Gracias a Dios y Olancho. Este nuevo centro, que tendrá una capacidad para 20.000 personas, servirá para trasladar a internos de otros centros que hayan sido procesados por los delitos mencionados. Además, se planea construir una prisión de máxima seguridad en la Isla Cisne en el Mar Caribe hondureño, con el objetivo de fortalecer el sistema penitenciario del país.
Para llegar a Cabo estas medidas, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció que requerirían reformas al Código Penal. Se presentará como “terrorista” entre los miembros de maras y pandillas que cometen delitos graves. Estas reformas también incluirán penas cada vez mayores para quienes atenten contra la vida y la integridad de los trabajadores de seguridad y justicia.
Recordando además que el Congreso discutirá leyes para regularizar la venta de tarjetas SIM de teléfonos móviles y reformar la ley del Banco Central. Estas acciones tienen como objetivo controlar las transacciones electrónicas que se utilizan en actividades delictivas como la extorsión.
Otra de las medidas previstas es la implementación de brazaletes electrónicos y otros dispositivos técnicos para la supervisión de los juicios de libertad condicional. Esta estrategia busca mejorar el seguimiento y control de las personas en libertad condicional, aumentando así la seguridad pública.
Pese a la magnitud de estos promedios, hasta el momento no ha habido pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos o ambientalistas sobre las acciones anunciadas por el gobierno. La falta de comentarios puede reflejar la tensión entre la necesidad de seguridad y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Lo que recordamos es que en noviembre de 2022, el presidente Castro ya había declarado una emergencia de seguridad nacional, iniciando lo que se llamó la “guerra contra la extorsión”. Esta declaración se produjo en el contexto de una crisis de seguridad, marcada por hechos trágicos como el motín carcelario que dejó 46 mujeres muertas.
El nuevo “mega plan” representa un esfuerzo significativo del gobierno hondureño para abordar el crecimiento de la violencia y el crimen. Sin embargo, su éxito dependerá de la implementación efectiva de estos promedios y de la colaboración entre los diferentes sectores de la sociedad. La lucha contra el crimen organizado es un desafío complejo que no sólo requiere de la acción de los individuos, sino también de un enfoque integral que aborde las causas subyacentes de la violencia en el país.
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