Un reciente informe de ejecución presupuestaria del sistema de salud pública de Honduras ha generado controversia porque reveló discrepancias en los datos proporcionados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda. Estas discrepancias, que superan los 3.800 millones de lempiras, han puesto en duda la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos asignados al sector, generando debate en un momento crítico para el sistema de salud del país.
Según la Secretaría de Hacienda, el sistema de salud sólo ha ejecutado el 77% de su presupuesto, lo que representa 22.342 millones de lempiras de un total de 29.091 millones asignados. Sin embargo, las autoridades sanitarias afirman que la tasa de ejecución alcanza el 90%, equivalente a 26.182 millones de lempiras. Esta diferencia ha generado dudas sobre la exactitud de las cifras y la coordinación entre las dos instituciones responsables de la gestión de los recursos. Según funcionarios de salud, este presupuesto se utilizó para la compra de medicamentos, equipos médicos y la construcción de nuevos centros de salud en todo el territorio nacional.
En una aparición reciente, el viceministro de Salud, Nerza Paz, acompañado de directores regionales y de hospitales, atribuyó las diferencias a lo que dijo era un sistema obsoleto en el Ministerio de Finanzas. Entre risas, el funcionario señaló que los datos proporcionados por Salud eran más precisos y reflejaban la realidad de la ejecución presupuestaria. “Estamos logrando muy buenos avances. “Lograremos una tasa de ejecución superior al 90% en todos los procesos”, afirmó Paz, quien también destacó los esfuerzos para agilizar las operaciones administrativas y asegurar el uso oportuno de los recursos.
En este sentido, las autoridades sanitarias confirman que algunos centros de salud ya han ejecutado la totalidad de su presupuesto asignado, aunque reconocen que aún falta consolidar los datos del resto de 2024. Según Salud, se emitieron más de 2 mil 118 millones de lempiras. Se realizaron inversiones en la adquisición de medicamentos, logrando una cobertura del 80% en los 32 hospitales públicos y 20 hospitales regionales del país. “Los procesos de compra aún están en curso, pero garantizamos que no habrá desabasto de medicamentos en el sistema”, afirmó Paz.
Una perspectiva optimista desde los hospitales
Por su parte, los directores de hospitales y centros regionales han respaldado las declaraciones de las autoridades sanitarias y han asegurado que se han logrado importantes avances en la gestión de los recursos y el suministro de insumos. Gabriel Paredes, director del Hospital Mario Rivas, señaló que el centro médico cerrará el año con un abastecimiento del 84% en su almacén de suministros y del 74% en sus farmacias internas. Según Paredes, esto representa una mejora notable respecto a años anteriores, cuando había una constante escasez de medicamentos.
En este sentido, Herbert López, director del hospital universitario, destacó los cambios positivos que ha experimentado el centro de salud tras su reintegración al Ministerio de Salud. López aseguró que han recibido equipos médicos y medicamentos suficientes para cubrir las necesidades del hospital, lo que ha permitido una mejor atención a los pacientes. “Estamos en un proceso de transformación que nos permite alcanzar un nivel óptimo de atención y atención”, explicó.
En tanto, Nelson Paz, director del Hospital San Felipe, enfatizó que se trabaja en la implementación de una plataforma digital para gestionar las citas médicas, lo que podría reducir significativamente las largas filas y tiempos de espera que han generado quejas de los pacientes. pacientes. Además, tanto él como otros directores regionales aseguraron que los campamentos estarían equipados para cubrir las necesidades del sistema sanitario el próximo año.
Críticas de la ASJ y respuestas del Ministerio de Salud
Pese al optimismo de las autoridades y directivos de los hospitales, un informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) ha revelado graves deficiencias en la gestión presupuestaria del sistema de salud. Según el informe, titulado “La ineficiencia en la gestión presupuestaria del Ministerio de Salud pasa factura a los pacientes y al personal”, el 21% de los pacientes informaron haber recibido medicamentos incompletos o inexistentes. Además, el 22% dijo que tuvo que pagar los medicamentos en los mismos centros de salud. Por otro lado, el 59% del personal médico y de enfermería reportó que no contaba con los insumos necesarios para su trabajo, y el 43% admitió adquirir materiales de atención al paciente con su propio dinero.
Ante estas acusaciones, las autoridades sanitarias negaron las acusaciones y calificaron los datos de la ASJ como ataques infundados. El viceministro Nerza Paz expresó confusión por las críticas de la organización y cuestionó sus intenciones. “No sé qué tiene la ASJ contra Salud, no hemos hecho nada para justificar estos ataques. En lugar de criticar, deberían centrarse en educar a la población para prevenir enfermedades”, dijo Paz, visiblemente molesta.
Sin embargo, las críticas de la ASJ reflejan la realidad que siguen enfrentando muchos pacientes y profesionales de la salud. A pesar de los avances reportados por las autoridades, existe una percepción general de que aún quedan grandes desafíos para garantizar un sistema de salud eficiente y accesible para todos.
Un sistema sanitario en transición
Si bien las autoridades sanitarias defienden su gestión y velan por que los recursos se utilicen eficazmente, las discrepancias en las cifras y las críticas de organizaciones como la ASJ demuestran que se necesita más transparencia y coordinación en la gestión presupuestaria. Aunque ha habido avances en el suministro de medicamentos y la mejora de los servicios, la percepción de los pacientes y del personal médico sugiere que aún queda mucho por hacer para alcanzar los niveles de calidad y eficiencia que requiere el sistema sanitario.
El próximo año será crucial para evaluar si los esfuerzos de las autoridades por consolidar un sistema de salud más funcional y equitativo. Mientras tanto, los ciudadanos continúan esperando que las promesas de mejora se traduzcan en cambios reales que beneficien a todos los hondureños, especialmente a aquellos que dependen del sistema de salud pública para acceder a servicios médicos esenciales.
