Las personas con trastornos mentales, al igual que cualquier otra, cuentan con derechos fundamentales amparados tanto en normativas nacionales como en tratados internacionales. Estos derechos buscan garantizar la igualdad, el respeto a la dignidad humana y la protección contra cualquier forma de discriminación, asegurando el acceso a una vida plena y significativa.
Principios básicos reconocidos por el derecho internacional
El marco legal más relevante a nivel internacional es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual incluye explícitamente a las personas con trastornos mentales dentro del término «discapacidad psicosocial». Esta convención remarca el principio de igualdad ante la ley y el rechazo a todo acto discriminatorio por razones de discapacidad mental.
Entre los derechos específicos recogidos destacan:
1. Derecho a la no discriminación: se prohíbe tratar de manera distinta o desfavorable a las personas con diagnóstico de salud mental en ámbitos como el empleo, la educación, la atención sanitaria o la participación social. Esto implica remover barreras legales, administrativas y culturales que perpetúan el estigma o la exclusión.
2. Derecho a la autonomía e independencia: según la Convención, las personas con trastornos mentales tienen libertad de tomar decisiones relativas a su vida, incluyendo el consentimiento informado sobre las intervenciones psiquiátricas o médicas. Se promueven, incluso, sistemas de apoyo para la toma de decisiones, evitando sustituciones de la voluntad, como la tutela absoluta o la interdicción.
3. Derecho a la salud mental y física: la atención debe ser de calidad, accesible y en condiciones de igualdad. Esto abarca el acceso a tratamientos, terapias de rehabilitación y servicios de apoyo comunitario, priorizando el menor uso posible de internamientos involuntarios y restricciones, en concordancia con los estándares de derechos humanos.
La cobertura jurídica en todo el país
En numerosos países hispanohablantes, las constituciones, legislaciones especiales y códigos civiles o de salud resguardan los derechos de aquellos con afecciones mentales. Por ejemplo:
– En España, la Ley General de derechos de las personas con discapacidad reconoce el derecho a la integración plena y la protección constitucional frente a cualquier discriminación. – En Argentina, la Ley Nacional de Salud Mental sostiene principios como la desmanicomialización, el respeto a la voluntad del usuario y el fortalecimiento de la atención comunitaria, prohibiendo la internación prolongada sin evaluación judicial. – México ha avanzado en reformas que protegen la integridad física, la dignidad y la especial protección de meninas, niños y adolescentes con padecimientos mentales.
Casos de incumplimiento y prácticas recomendadas
Aunque existen regulaciones legales, la vida diaria presenta desafíos continuos. Casos de infracción incluyen la internación en centros psiquiátricos sin orden judicial, la falta de acceso a tratamientos médicos debido a prejuicios, y el aislamiento social, en el trabajo o familiar por motivos de diagnóstico.
Frente a esto, algunos países desarrollan modelos de atención basados en la inclusión, como las casas de medio camino, los grupos de apoyo de pares y los programas de inserción laboral protegida, que demuestran que el ejercicio de los derechos no solo es posible, sino que beneficia a toda la sociedad.
La función de la comunidad y el desafío de eliminar el estigma
Además de la normativa, pesa una responsabilidad ética y cultural: transformar la percepción social para erradicar la estigmatización. Iniciativas de sensibilización, campañas en medios y formación profesional en salud mental son pasos clave para consolidar estos derechos en la vida cotidiana.
El reconocimiento de los derechos
El pleno respeto hacia los derechos de las personas con enfermedades mentales va más allá de lo legal y requiere el compromiso de las instituciones, los profesionales y la sociedad en general. La valorización y aplicación práctica de estos derechos no solo cumple una obligación legal, sino que también representa una manifestación concreta de justicia social, diversidad y humanidad común.
