El gobierno de Honduras expresó su conformidad con la resolución judicial de Estados Unidos que prolonga hasta el 18 de noviembre de 2025 el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos hondureños que residen en ese país. Esta acción alivia a más de 60 mil personas que se han beneficiado de este plan migratorio, en funcionamiento desde 1999 tras el impacto destructivo del huracán Mitch.
La presidenta Xiomara Castro calificó la resolución como un avance importante y reiteró el compromiso de su administración con la defensa de los derechos de los compatriotas que han construido sus vidas en el extranjero. En un mensaje difundido a través de sus canales oficiales, la mandataria señaló que esta decisión judicial frena, al menos de forma temporal, “una expulsión masiva” que habría representado un “duro golpe” para miles de familias hondureñas.
Desde el inicio de su mandato, el Ejecutivo hondureño ha procurado fortalecer los vínculos con la comunidad migrante y ha priorizado, dentro de su política exterior, la protección de los derechos de quienes viven fuera del país. La presidenta anunció que se han girado instrucciones a la Cancillería para intensificar la asistencia jurídica y consular a los beneficiarios del TPS y continuar con una estrategia diplomática que permita defender su permanencia legal en Estados Unidos.
El TPS es un mecanismo migratorio que otorga permisos temporales de trabajo y residencia a personas originarias de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden su retorno seguro. En el caso de Honduras, esta figura ha permitido que miles de ciudadanos permanezcan legalmente en territorio estadounidense durante más de dos décadas.
La reciente resolución de un tribunal federal ubicado en el norte de California suspende las iniciativas de anular este estatus que habían promovido administraciones previas. Aunque se ha otorgado una prórroga, el destino del TPS se mantiene como incierto, y tanto las asociaciones de migrantes como el gobierno de Honduras consideran prioritario avanzar hacia una solución duradera que aporte seguridad a aquellos que han residido durante años en ese país.
La noticia sobre la ampliación del programa generó tranquilidad entre las familias favorecidas, muchas de las cuales estaban en peligro de ser deportadas a pesar de haber establecido conexiones laborales, educativas y familiares firmes en Estados Unidos. Algunos especialistas subrayan que una anulación repentina del TPS podría acarrear graves consecuencias humanitarias y desencadenar un fuerte impacto económico, tanto en las comunidades de origen como en las receptoras.
El gobierno hondureño ha insistido en la necesidad de mantener una relación constructiva y de respeto con Estados Unidos, basada en la cooperación y en el cumplimiento de compromisos bilaterales en temas migratorios. En este marco, se ha intensificado el trabajo de las representaciones consulares para ofrecer orientación legal, recopilar datos actualizados de los migrantes y promover iniciativas que visibilicen su aporte a la economía y a la sociedad estadounidense.
Además de las medidas urgentes, la gestión de Castro ha destacado la relevancia de mantener una conversación más amplia con los representantes estadounidenses, con el fin de crear rutas hacia la legalización permanente de los beneficiarios del TPS, además de reforzar las estrategias que aborden las causas fundamentales de la migración.
El asunto de la migración sigue siendo uno de los retos más importantes para Honduras, una nación que ha dependido históricamente de las remesas familiares que sus ciudadanos envían desde el extranjero. En este escenario, la prolongación del TPS no solo supone un alivio en términos humanitarios, sino también un impulso económico que ayuda a la estabilidad macroeconómica de la nación.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo se reiteró el compromiso de “no dejar solos” a los migrantes y de continuar en todos los frentes, legales y diplomáticos, con la defensa de sus derechos y la búsqueda de soluciones sostenibles que reconozcan su condición y sus aportes a las sociedades donde hoy viven.
