La reciente reforma aplicada al pasaporte uruguayo, orientada a garantizar mayor igualdad entre los ciudadanos nacidos en el país y aquellos nacidos en el extranjero, ha despertado preocupación en varios gobiernos extranjeros. Alemania, Francia y Japón han expresado objeciones formales al nuevo formato del documento, que elimina el campo «Lugar de nacimiento» y uniformiza la mención de nacionalidad bajo el código URY, correspondiente a Uruguay.
El cambio, impulsado en abril por el gobierno uruguayo, forma parte de una política de reconocimiento de los derechos plenos de los ciudadanos legales, es decir, aquellos que han adquirido la ciudadanía uruguaya sin haber nacido en su territorio. Con esta reforma, Uruguay busca eliminar elementos considerados discriminatorios en sus documentos de viaje, especialmente aquellos que hacían referencia a la nacionalidad de origen en lugar de la adquirida legalmente.
Una solución a una solicitud trascendental por equidad
Hasta hace poco, los pasaportes uruguayos mantenían una distinción explícita entre los ciudadanos nacidos en el país y los naturalizados. En el campo de «Nacionalidad», el documento podía reflejar la nacionalidad de nacimiento, lo que generaba confusión en controles migratorios y desencadenaba episodios de discriminación, incluso dentro del propio territorio nacional.
La nueva versión del pasaporte unifica la identificación nacional para todos los titulares, eliminando ambigüedades y estableciendo la ciudadanía uruguaya como elemento único de referencia. Además, el campo «Lugar de nacimiento» fue eliminado, siguiendo normas internacionales que lo consideran un dato opcional. Estas medidas fueron celebradas por organizaciones humanitarias y activistas, que destacan el impacto positivo en el derecho a la identidad y en la prevención de la apatridia.
Respuestas de la comunidad global
A pesar de la naturaleza inclusiva de la modificación, la exclusión del lugar de nacimiento en el pasaporte ha creado tensiones con al menos tres naciones. Alemania fue la primera en lanzar una alerta formal, especificando que los pasaportes uruguayos emitidos desde el 23 de abril carecen de validez para entrar en su país, aún en el caso de estancias breves. Las entidades alemanas además indicaron que no aceptarán trámites de visado hechos con este pasaporte.
Francia adoptó una posición similar, suspendiendo temporalmente la emisión de visas para estancias prolongadas mientras analiza la validez del nuevo formato. Por su parte, Japón advirtió que los uruguayos que presenten este pasaporte corren un alto riesgo de ser rechazados en el control migratorio.
Estos gobiernos han expresado que la ausencia del lugar de nacimiento compromete sus sistemas de identificación y dificulta la verificación de la información del viajero, en especial en trámites migratorios y consulares.
Postura del gobierno de Uruguay
Ante las críticas, el gobierno uruguayo ha defendido la legalidad y legitimidad de su nuevo pasaporte. El canciller Mario Lubetkin aclaró que los inconvenientes reportados son aislados y que no existe, al momento, un rechazo sistemático del documento por parte de ningún país. Según explicó, los casos en cuestión se limitan a solicitudes de visa de estudio, y no afectan el uso turístico general, que representa la mayoría de los viajes internacionales de ciudadanos uruguayos.
El presidente Yamandú Orsi señaló que su administración está dispuesta a dialogar con las representaciones diplomáticas de los países involucrados para encontrar una solución, y no descartó la posibilidad de reimprimir los pasaportes emitidos desde la entrada en vigor del nuevo diseño. No obstante, reafirmó el compromiso del gobierno con la igualdad de derechos para todos los ciudadanos.
Debate interno y posibles ajustes
La decisión de eliminar el lugar de nacimiento también ha generado debate dentro del país. El excanciller Omar Paganini cuestionó la implementación del cambio, indicando que el problema no radica en la modificación de la etiqueta “Nacionalidad”, sino en la supresión de un dato que históricamente ha facilitado la identificación en el extranjero.
Por su parte, representantes de la sociedad civil que impulsaron esta reforma han insistido en la necesidad de una legislación interpretativa que confirme de manera explícita que todo ciudadano uruguayo, sin distinción de origen, debe ser considerado también nacional. Sostienen que la igualdad ante la ley debe reflejarse no solo en la normativa, sino también en los documentos de identidad oficiales.
Una reforma con impacto internacional
El cambio en el pasaporte uruguayo representa un esfuerzo genuino para fomentar la inclusión y eliminar desigualdades entre los ciudadanos. No obstante, las repercusiones de esta decisión van más allá del ámbito nacional y presentan retos en el ámbito de las relaciones diplomáticas y en la unificación de criterios documentales entre naciones.
El caso pone de manifiesto la tensión entre soberanía documental y requisitos operativos de otros Estados. A medida que las autoridades uruguayas trabajan en una salida diplomática al conflicto, el debate en torno a identidad, ciudadanía y reconocimiento internacional se consolida como una cuestión de creciente relevancia global.
