Salvador Nasralla, una reconocida figura en la política de Honduras, hizo una acusación pública sobre lo que él ve como un intento intencional de detener las elecciones generales previstas para 2025, tras la intervención en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta situación ha provocado tensiones en el ámbito político nacional, destacándose las diferencias entre diversos sectores sobre la transparencia del proceso electoral y la autonomía de las entidades responsables de asegurarla.
La acusación de Nasralla surge después de que se tomara la decisión de tomar control del CNE, lo cual distintos grupos consideraron una táctica política para complicar el proceso electoral. Según su perspectiva, el gobierno intenta ganar tiempo, deshacerse de oponentes y establecer un dominio institucional que le asegure continuar en el poder. El político señaló que esta medida es un riesgo directo para la democracia y para la expresión popular, particularmente en un entorno donde la desconfianza de la población hacia las instituciones públicas está en aumento.
Nasralla manifestó inquietud por la aparente falta de actividad con que se ha manejado la situación dentro del CNE, que hasta ahora no ha presentado un comunicado firme para clarificar el camino del proceso. Esta ausencia de información, comentó, únicamente fomenta las dudas sobre una posible cancelación de las elecciones, lo que considera un escenario inadmisible para la democracia nacional.
El dirigente también hizo hincapié en que su partido, Salvador de Honduras, no ha sido notificado oficialmente sobre ninguna irregularidad o investigación relacionada con su estatus legal, a pesar de versiones que circularon sugiriendo que estaría bajo observación. Según Nasralla, estas informaciones forman parte de una campaña de desinformación orientada a debilitar su candidatura y crear un clima de incertidumbre.
En sus declaraciones, el excandidato presidencial recordó que Honduras ha sido testigo en el pasado de procesos electorales marcados por irregularidades y cuestionamientos, y aseguró que no permitirá que se repita una situación similar. Reiteró su disposición a defender el derecho de los hondureños a elegir libremente a sus representantes y llamó a la población a mantenerse vigilante y activa frente a cualquier intento de manipulación institucional.
La acción del CNE ha sido cuestionada por múltiples agentes políticos y colectivos de la sociedad civil, quienes creen que la independencia de las entidades electorales debe mantenerse sin excepción. La iniciativa, cuya justificación oficial aún no se ha explicado completamente, suscita dudas sobre el alcance de las modificaciones o medidas que podrían adoptarse en el contexto de la intervención.
A pesar de la controversia, algunos sectores del oficialismo han defendido la decisión como un esfuerzo por mejorar la eficiencia y transparencia del proceso electoral. Según estos argumentos, la intervención buscaría corregir deficiencias técnicas y administrativas que podrían comprometer el desarrollo normal de los comicios. Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada por quienes interpretan la acción como una jugada política con fines estratégicos.
En este marco, expertos extranjeros y entidades que promueven los derechos democráticos han empezado a expresar inquietud ante el riesgo de que el proceso electoral en Honduras experimente retrocesos. Algunos expertos señalan que la posibilidad de retrasar o condicionar los comicios podría llevar a una crisis de gobernabilidad, particularmente si no existe el apoyo de amplios sectores de la población.
Nasralla, por su parte, ha insistido en la importancia de mantener intacto el calendario electoral, garantizar la participación equitativa de todos los partidos y restituir la credibilidad del CNE. Aseguró que su lucha no es solo por una candidatura, sino por la institucionalidad y el respeto al voto popular, pilares fundamentales de cualquier sistema democrático.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste. La ciudadanía, aún marcada por la desconfianza hacia las estructuras estatales, observa con cautela el desarrollo de los acontecimientos, a la espera de claridad y garantías. En un país con antecedentes de crisis políticas y electorales, cualquier decisión que altere la ruta hacia las urnas podría tener consecuencias de gran calado.
