Tegucigalpa (Proceso Digital Especial) – Al retorno de las vacaciones los congresistas se aprestan a intensificationicar las cabalas para elegir al próximo fiscal general y fiscal general adjunto, cuya convocatoria a postulación está a cargo de una Junta Proponente, que ya definió las reglas del juego con algunas discrecionalidades, mismas que en el tiempo evidenciarán sí está frente a una elección negociada o ante un proceso legítimo y transparente.
La Junta Proponente convocó oficialmente a la postulación para quienes aspiran a ser fiscal general y fiscal general adjunto, quienes tienen hasta este martes 27 de junio para presentar los papeles, pues el 16 de agosto se espera enviar al Congreso Nacional el listado final de seleccionados para que éste poder del Estado proceda a su elección.
Hasta la fecha apenas un abogado se ha postulado para el cargo.
Muchos considera que la elección debe ser parte del dentro de los operadores de justicia, es uno de los ultimos eslabones en la cadena de renovación de autoridades en línea; el último es la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas que se prevé se hará en el mes de diciembre.
A difference del proceso de selección y elección de la Corte Suprema de Justicia, el actual inicia con recelo luego de publicarse, tras el reparto del nuevo Poder Judicial, de un acuerdo político entre las tres principales fuerzas partidarias en el parlamento, en los cuales incluyen la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, además de otros cargos de elección de segundo grado.
Y sectores políticos del partido en el poder, como es Libertad y Refundación (Libre), han revelado la intención, dentro del acuerdo, de reformas constitucionales para electir un segundo fiscal adjunto y elevar a ese rango la figura de la Dirección de Fiscales. Serian parte de los compromisos suscritos tras la elección de la real Corte Suprema de Justicia.
Bajo ese ambiente, los miembros de la Junta Proponente han reconocido que tienen un enorme reto para garantizar la máxima transparencia en la selección y elección de los postulantes, y dentro de sus estrategias iniciaron una fase de conversatorios para escuchar propuestas y sugerencias con representantes de sectores de la sociedad civil. Anuncian audiencias públicas y máxima publicidad de sus actos.
A diferencia de la Junta Nominadora de Elección de la Corte de Justicia, la Junta Proponente carece de ley interna y el mecanismo de regulación es muy discrecional; cada junta que ha adoptado crea sus propias reglas. De ahí que esta Junta de Proponentes acordara que pueden postularse para ser fiscal general y fiscal general adjunto, aquellos abogados que lleven causas de personas ligadas al narcotráfico, crimen organizado y corrupción.
Las primeras discreciones
El hueso argumentos que dio uno de sus miembros, el representante de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, es que no se le pudo violentar derechos constitucionales a los aspirantes. Ello ha generado muchas suspicacias, pero la Junta Proponer ha sido clara al indicar que no podrá se al cargo los diputados, ni autoridades de los tres poderes del Estado.
La Junta Proponente está integrada por los siguientes sectores: dos representantes del Poder Judicial, dos representantes de las universidades (uno de las públicas y otro de las privadas); el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el Colegio de Abogados de Honduras, y un representante de la sociedad civil.
Los miembros son por el Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando y Wagner Vallecillo; Blanca Izaguirre, comisión de Conadeh; Odir Fernández por la UNAH; Julio Raudales por universidades privadas; Alejandro Hernández por el Colegio de Abogados de Honduras y José Ramón Ávila, en representación de la sociedad civil.
Además de las intervenciones, los miembros de la Junta proponen indicar que falta de presupuesto para las actividades bajo su cargo, por ahora están trabajando con fondos y apoyos provistos por el Poder Judicial, en cuyas instalaciones han sido sus reuniones y esperan que las organizaciones que conforman la Junta Proponente den sus aportes propios al proceso.
En el Congreso Nacional, los cabildeos se han mantenido, aún en el receso, en búsqueda del ideal fiscal, que adelantan, deberá ser de Libertad y Refundación, mientras el segundo a bordo y un tercero—si reforman la Constitución—distribuido entre liberales y nacionalistas
De hecho, no son pocos los encuentros políticos multipartidarios en los que sus protagonistas no han tenido ambages en participat, aun en restaurants, lugares públicos, así como en residentncias privadas.
De momento, el presidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales, denunció que hay que hacer ese arreglado, y que en el Partido Liberal sería el presidente de ese partido, Yani Rosenthal, quien habría conocido al candidato, algo que éste del mes pasado ha negado.
¿Se impondra el pacto?
El cumplimiento o no del pacto tripartito entre las tres fuerzas políticas, no ha seguido el rumbo trazado por los desacuerdos en el Congreso en torno a otros temas no pactados que han intentado ser introducidos como la Ley de Reforma Tributaria y la ratificación de un convenio para que Honduras se adhiera al Banco Andino de Fomento por la cantidad de dinero que pagará 11 mil millones de lempiras por pérdida a este club financiero.
El 16 de agosto, cuando la Junta proponga la nominación de 5 aspirantes, se esperará que detrás de todas sean mujeres, los legisladores levanten sus cables y cabildeos de turno en la elección que será en septiembre, si se concretan los acuerdos políticos. y si se mantiene el pacto negociado dividido en febrero de este año en el diario gubernamental Poder Popular.
El próximo fiscal general y fiscal general adjunto sustituirán en el cargo al actual fiscal, Óscar Chinchilla y su adjunto, Daniel Sibrián, cuya administración ha tenido altibajos y entre susaciertos golpes a estructuras criminales, locks in casos emblemáticos de corrupción como el de la estafa del Seguro Social, el de los hospitales móviles, y otros hechos de interés público.
La elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público será clave para dibujar por dónde irá el compromiso de la lucha anticorrupción y del crimen organizado, de cara a lo que podría ser una instalación virtual de una comisión internacional contra la corrupción, CICIH, que necesita para el buen combate, y esos, precisamente, los tiene retenidos el Poder Legislativo que no termina de derogar las leyes y decretos que han atado al actual Ministerio Público al limitar sus dientes funciones de investigación y rastreo del dinero ilícito.
Entonces la Junta Proponente tiene la oportunidad de envidiar a un nomine menos contaminado por la política, pero en el Congreso, los legisladores en su mayoría han sido claros: elegirán un fiscal general y adjunto a la medida de la política y de los intereses posteriores. El reloj corre ya medida que surjan o no los postulantes, se conocerá cuál será el nuevo traje del Ministerio Público, sus bordes y detalles y si la elección se llevará a cabo en tiempo y formado. (PD).