La responsabilidad de administrar las propiedades incautadas al ex presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, recae en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Entre estas propiedades se encuentra su residencia en Tegucigalpa, que sigue siendo habitada por su esposa e hijas bajo la supervisión de la OABI.
En relación con dicha casa de habitación, se ha informado que Ana García, esposa del exmandatario, ocupa la vivienda tras llegar a un acuerdo con una institución bancaria; sin embargo, dicho acuerdo se estableció con la OABI.
Es relevante recordar que tras la captura del expresidente, la Procuraduría General de la República (PGR) instó al Ministerio Público a proceder de manera inmediata al aseguramiento de los bienes, tanto muebles como inmuebles, pertenecientes a Hernández Alvarado. Sin embargo, dicha solicitud quedó sin efecto debido a un recurso de apelación presentado en contra de la extradición aprobada por un juez de primera instancia el 16 de marzo de 2022.
Seguidamente, el lunes, 28 de marzo de ese mismo año, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió mantener la extradición y la incautación de los bienes se concretó a inicios de abril.
En aquellas fechas, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, informó que una de las propiedades incautadas era la residencia de Hernández ubicada en la colonia San Ignacio de Tegucigalpa.
Mora detalló que las autoridades decomisaron en total 33 inmuebles, distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros.
En tal sentido, es potestad del Estado de Honduras, a través de la OABI, determinar el arrendamiento o no del bien que se ubica en la colonia San Ignacio de Tegucigalpa, donde vive la ex primera dama, Ana García, junto a sus hijas, así como de las demás propiedades que se encuentran bajo su tutela.