El gobierno de Honduras sorprendió esta semana al anunciar su intención de dar por terminado el tratado de extradición firmado con Estados Unidos el 15 de enero de 1912. Este acuerdo, vigente desde hace más de un siglo, ha sido fundamental para la cooperación entre ambos países en cuestiones relacionadas con el crimen organizado, en particular el tráfico de drogas. La noticia la entregó el canciller Enrique Reina, quien explicó que esta decisión se debió a órdenes directas de la presidenta Xiomara Castro.
El anuncio se produjo luego de una publicación de Castro en su cuenta oficial X (antes Twitter) ordenando la rescisión formal del contrato. Según el Presidente, esta medida está respaldada por la Constitución de Honduras y tratados internacionales. También justificó su decisión citando supuesta injerencia e intervencionismo por parte del gobierno de Estados Unidos, al que acusó de influir en la política interna hondureña a través de su embajada y otros representantes diplomáticos en Tegucigalpa.
Las tensiones entre los dos países empeoraron después de que la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, hiciera declaraciones críticas tras una reciente visita de altos funcionarios hondureños a Venezuela. Entre los presentes se encontraban el Secretario de Defensa, Manuel Zelaya Rosales, y el Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández Aguilar. Durante su visita, funcionarios hondureños se reunieron con Vladimir Padrino, ministro de Defensa venezolano, acusado por Estados Unidos desde 2019 de delitos relacionados con el narcotráfico.
El embajador Dogu expresó sorpresa por la reunión de funcionarios del gobierno hondureño con un funcionario que, según denuncias estadounidenses, está vinculado a actividades ilegales. En sus palabras, señaló: «Me sorprendió ver a funcionarios de este gobierno sentados con miembros de un cartel». Estas declaraciones intensificaron las críticas al gobierno de Castro, que insistió en su compromiso con la lucha contra el narcotráfico.
Por su parte, el gobierno venezolano ha negado rotundamente cualquier conexión con el narcotráfico y ha reiterado sus esfuerzos para combatir este flagelo. Hasta la fecha, no se ha recibido ninguna respuesta oficial a estas acusaciones por parte del Ministerio de Estado venezolano.
En Honduras, el anuncio de Xiomara Castro de que pondría fin al tratado de extradición desató un acalorado debate. El constitucionalista Juan Carlos Barrientos calificó la medida como un acto intolerante que podría fomentar la impunidad en casos de narcotráfico. Según Barrientos, la rescisión del contrato por sí sola no es suficiente para invalidarlo. Explicó que para concretar esta decisión el asunto debe ser discutido y aprobado por el Congreso Nacional, donde se requiere una mayoría calificada para reformar la Constitución y cambiar el marco legal relacionado con la extradición.
Actualmente, el gobernante partido Libertad y Refundación (Libre) cuenta con 54 de los 128 congresistas, por lo que está muy por debajo de los 86 votos necesarios para aprobar una resolución de este tipo. Esto reduce las posibilidades de una derogación inmediata del tratado, lo que podría permitir que el acuerdo permanezca en vigor por el momento.
El tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos tiene una larga historia. Aunque se firmó en 1909, no entró en vigor hasta 1912. En 2013, fue modificado para prever también la extradición de ciudadanos hondureños acusados de delitos relacionados con el tráfico de drogas. Esto marcó un hito en la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado. Desde entonces, Honduras ha extraditado a 43 hondureños por este tipo de delitos, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue sentenciado a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.
Este caso fue uno de los más simbólicos de la historia reciente de Honduras. Durante el juicio a Hernández se hicieron acusaciones contra otros exfuncionarios y expresidentes, entre ellos Porfirio Lobo Sosa y Manuel Zelaya Rosales, así como Carlos Zelaya, actual diputado y secretario del Congreso Nacional. En agosto, el Fiscal General Johel Zelaya anunció que llamaría a declarar a todos los hondureños nombrados en el juicio de Hernández en Estados Unidos, lo que generó expectativas de posibles investigaciones adicionales.
La decisión de revisar el tratado de extradición también ha provocado reacciones internacionales. CNN se ha puesto en contacto tanto con la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa como con el Departamento de Estado para obtener comentarios y conocer su posición sobre este anuncio, aunque hasta el momento no se ha recibido respuesta oficial.
A nivel interno, el debate sobre la extradición toca un tema particularmente sensible para Honduras, un país que ha enfrentado el impacto del narcotráfico y la corrupción durante años. El tratado de extradición ha sido una herramienta importante para combatir estos problemas, pero su posible derogación plantea interrogantes sobre cómo planea el gobierno de Xiomara Castro abordar estos desafíos en el futuro.
Mientras tanto, los analistas políticos señalan que cancelar el tratado podría tener repercusiones tanto diplomáticas como económicas. Las relaciones entre Honduras y Estados Unidos son históricamente estrechas, cooperando en áreas como seguridad, comercio y asistencia humanitaria. Una brecha en esta área podría afectar las percepciones internacionales del país y crear tensiones adicionales en un momento en que la región enfrenta desafíos comunes en materia de gobernanza, desarrollo y lucha contra el crimen organizado.
En conclusión, la decisión del gobierno hondureño de revisar el tratado de extradición con Estados Unidos representa un momento crítico en las relaciones bilaterales entre ambos países. Aunque la terminación del acuerdo aún no se ha completado, el debate que ha provocado refleja profundos desacuerdos sobre cómo abordar los problemas estructurales del país. El futuro del tratado y su impacto en la lucha contra el narcotráfico siguen siendo inciertos por ahora.
